Los orígenes de la relación entre la industria del narcotráfico y el estado mexicano convergen con los del inicio del capitalismo en este territorio. Los primeros registros se ubican en el periodo conocido como Porfiriato (1876-1911), en el que gobernó el dictador y exgeneral liberal Porfirio Díaz; por ejemplo, entre los años 1888 a 1910, las cantidades de opio importado, principalmente de países orientales, oscilaron entre las 8 y 12 toneladas, el cultivo de marihuana, por su parte, alcanzó el número de 6 toneladas contabilizadas únicamente en el estado de Sinaloa. Estas cifras son comparables con las presentadas en el Programa Nacional para el Control de Drogas de 1994, es decir, en prácticamente un siglo, el tema del cultivo, importación, fabricación, comercialización y consumo de sustancias prohibidas se mantuvo intacto, latente y en crecimiento.
Sinaloa, entidad ubicada en el noroeste del país, es donde se generan las condiciones sociohistóricas para asumirse el epicentro del narcotráfico nacional. Entre las décadas de 1950 y 1960, se estiman en 300 las pistas clandestinas construidas para el tráfico de heroína y marihuana hacia Estados Unidos. Culiacán, su capital, era conocida como el nuevo “Chicago con gangsters de huaraches” pues se afirmaba que los traficantes de mayor envergadura encubrían sus actividades ilícitas con otras de carácter legal, además, claro, de contar con estrechos lazos de amistad y clientelismo con altas figuras de la política nacional. En 1958, la delegación de la Federación de Trabajadores del Estado de Sinaloa denunció ante el Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que varios síndicos municipales y dos altos funcionarios de la Campaña Nacional contra los Traficantes de Opio de la zona montañosa de Sinaloa, estaban coludidos con los contrabandistas, a quienes proporcionaban combustible para sus aviones, además de señalar al magnate hotelero norteamericano Nick Hilton como un “buen amigo” de estos personajes, pues se le veía pasear por la zona cazando patos y disfrutando de los efectos del tequila con “adormidera” (opio).
Era tal el cultivo de opio y marihuana en municipios como Badiraguato, Mocorito, Leyva, Cosalá y San Ignacio, que en 1959 el Departamento de Aeronáutica Civil ordena la suspensión de vuelos de aviones comerciales sobre esas zonas tras la sospecha de que algunos pilotos realizaban vuelos para transportar los enervantes hacia la frontera con Estados Unidos. Poco tiempo después, se confirmó en base a los registros de la Escuela de Aviación de Culiacán, que los únicos vuelos permitidos en esa ruta fueron los de la aerolínea dependiente del gobierno mexicano Aeronaves de México, adjudicándose con ello el control y monopolio del tráfico de drogas al país vecino.
Para finales de la década de 1960, el negocio del tráfico de sustancias prohibidas adquiere tales proporciones y tanta visibilidad que es ya prácticamente imposible que el grueso de la población no se percate de las relaciones indisolubles entre los narcotraficantes y el Estado mexicano, representado en el ejército y las distintas corporaciones policiacas, atrayendo, también con esto, la mirada de las autoridades norteamericanas.
Tras varios años de infiltraciones y escrutinio de la DEA al gobierno mexicano, bajo las políticas antidrogas de Kissinger, en 1975 el fiscal general Pedro Ojeda Paullada, convoca a los gobernadores y comandantes de las zonas militares del triángulo dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, para declarar que “ha llegado el momento de crear voluntad nacional para combatir el narcotráfico”. Así, en enero de 1977 dio inicio oficialmente la primera guerra contra el narcotráfico en México, con la participación de 10 mil soldados, denominada “Operación Condor”. Al mando de ella se encontraba el general José Hernández Toledo, veterano de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y de la toma de universidades como la UNAM, la Nicolaíta en Morelia y la de Sonora en Hermosillo.
Unos de los primeros resultados visibles del operativo militar fue el desplazamiento de los campesinos serranos hacia las ciudades, en primer lugar, para evadir los ataques armados que se suscitaban entre militares y contrabandistas, y en segundo, para encontrar alguna fuente de ingreso, pues en su mayoría eran comunidades agrícolas que subsistían tanto del cultivo de cereales y frutas como de marihuana y opio.
En el año 1978 se funda la primera organización criminal dedicada exclusivamente al tráfico de drogas, el cartel de Guadalajara. Fundada por ex miembros de cuerpos policiacos, nació bajo la idea de crear una sola organización hegemónica, controlando así el precio y flujo de los narcóticos. Un monopolio. Esta organización prosperó principalmente a dos razones: sus contactos con los carteles colombianos, lo que les permitió tener acceso a toneladas de cocaína que era trasladada a través de sus redes de trasiego, pero principalmente a sus estrecha relación y colaboración con las instituciones de seguridad del Estado mexicano, principalmente la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, responsable de la guerra sucia en contra de la guerrilla la cual arrojo cientos de desapariciones forzadas y asesinatos de militantes revolucionarios. Es en este punto en el que la relación Estado-Carteles se afianza y se consolida.
Para finales de la década de 1980 el cartel de Guadalajara se fracciona en distintos carteles regionales debido a la persecución de la Administración de Control de Drogas (DEA), como resultado del asesinato de uno de sus agentes a manos del cartel. Esta división provocó enfrentamientos entre los diferentes carteles por el control de las plazas y las rutas de tráfico. Esta guerra entre facciones se dio en el contexto de la apertura de la economía mexicana al libre comercio mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que permitió que los grupos del narcotráfico empezarán a acumular más fuerza al tener abiertas las rutas hacia el norte. El cartel de Sinaloa fue quien finalmente llegara a controlar las plazas de sus rivales, Tijuana y Ciudad Juárez, y con ello se aseguró su lugar como la organización criminal de mayor relevancia. Para lograr esto, el cartel de Sinaloa contó con el apoyo del Estado mexicano, el cual a principios de los años 2000 desató una guerra en contra de los rivales del cartel, utilizando al ejército para lanzar ofensivas sobre el cartel del Golfo principalmente. Especialmente crudo y sangriento fue el periodo entre 2006-2012, en el que se desató la llamada “Guerra contra las drogas”.
Esta guerra ha traído como saldo el desplazamiento de miles de personas de sus tierras, así como un número indeterminado de muertes, se manejan cifras de más de 50,000 personas, muchas de ellas civiles, así como cerca de 131,654desapariciones forzadas. Actualmente, lejos de que la actividad de los carteles criminales haya disminuido, esta persiste, siendo el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación las dos corporaciones de mayor peso, teniendo una infraestructura que les ha permitido extender y diversificar sus negocios incluso a nivel internacional.
Como hemos visto, la relación entre el Estado mexicano y los carteles de las drogas tiene una historia de décadas y si bien, en momentos determinados se ha dado en términos de enfrentamiento, ha sido más como parte de la alianza que en ese momento existiera entre el Estado y alguna de las facciones criminales. Nunca se ha dado en términos de antagonismo, pues finalmente, ambas entidades forman parte de la misma lógica capitalista de control de la vida y del territorio mediante la violencia y el despojo.
La consigna que empezó a escucharse a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero evidenció esta estrecha relación Estado-narco: ¡FUE EL ESTADO!
Nosotrxs pensamos que efectivamente, fue y siempre será el Estado el causante de los males del pueblo, y por ello nos resistimos a reproducir los análisis que hablan de un Narco-Estado en México, pues este concepto implica que el Estado ha sido corrompido e infiltrado por los carteles criminales, y por ello se ha desviado de sus funciones. Pensamos más bien que la relación entre estas dos entidades se da en términos de intereses compartidos, y en esa relación se benefician del tan lucrativo negocio de las drogas, mientras se profundizan políticas de control social sobre la población y militarización de los territorios bajo el argumento del combate al crimen.
Los cárteles han diversificado sus negocios, ya no se dedican únicamente al cultivo, fabricación y tráfico de drogas, y han expandido sus actividades. Así, al extender sus actividades han extendido su mercado, adquiriendo a su vez mayor poder e influencia al grado que existen regiones enteras del país en el que son los grupos criminales los que influyen y determinan en decisiones como presupuesto público o la distribución de productos básicos. Pero junto con sus negocios el narco ha extendido la violencia por el territorio del país, pues ha diferencia de hace 20 años cuando la violencia se concentraba en las zonas de tráfico de drogas, ahora prácticamente no hay región del país que no sufra los efectos de la violencia criminal. El llamado “cobro de piso”, que es el cobro de una tarifa a negocios y comercios que se desarrollen dentro de las zonas de influencia de los grupos criminales es uno de sus negocios más rentables, lo cual también explica el nivel de salvajismo y brutalidad de las ejecuciones del narco, pues son mensajes para aquellas personas que se nieguen a pagar. Los comerciantes extorsionados por el narco no solo tienen la obligación de pagar estas cuotas, además en muchos casos deben de vender los productos a los precios establecidos por el crimen organizado, pues son ellos los que controlan la distribución de algunos productos como carne y verduras en muchas zonas. El negocio de la extorsión no se limita a los pequeños comerciantes, llegando incluso a alcanzar por ejemplo a grandes productores de aguacate en Michoacán, en donde la producción de esta fruta está sujeta a las demandas del narco, o a empresas mineras, las cuales para evitar los contantes ataques armados por parte del narco, muchas veces terminan colaborando con ellos, alquilándole maquinaria, contratando mano de obra suministrada por ellos, le pagan por seguridad e incluso les permiten explotar yacimientos.
Estos y otros negocios: suministro de bebidas alcohólicas, la construcción, el blanqueo de capitales a través del control de entidades financieras y medios de comunicación, el tráfico internacional de armas, la falsificación de productos de marca, el mercado de intercambio de divisas o el sector del juego, han generado millonarias ganancias para el crimen organizado. Es indudable que para que estos negocios prosperasen existe complicidad del Estado mexicano, e incluso del estadounidense, quienes han tolerado la existencia de ciertos grupos criminales. Esta tolerancia se ha traducido en millonarias fortunas para políticos y militares directamente relacionados con el narco, pues, a cambio del buen funcionamiento de sus negocios, de protección, impunidad o reducción de sentencias penales, los cárteles han entregado millones de dólares a generales, gobernadores, senadores, diputados, secretarios de gobierno, e incluso presidentes. En determinadas zonas del país el narco controla a los cuerpos policiacos mediante comprar su lealtad Políticos de todos los niveles y colores partidarios se han beneficiado de financiamientos provenientes del narco. Los engranes de la política mexicana están engrasados por los dólares del narco.
En los últimos años hemos visto también como el narco ha pasado a ser el brazo armado “ilegítimo” del Estado, generando miedo entre la población y atacando procesos de resistencia y defensa del territorio para facilitar la implementación de políticas y proyectos como el llamado Tren Maya o el Corredor Trans Ístmico, proyectos que buscan consolidar la acumulación capitalista mediante la explotación de recursos naturales y el control social de la población, objetivos compartidos por narco y Estado. El miedo generado por el narco entre los pobladores es amplificado por los medios de comunicación, en donde diariamente se reportan los brutales asesinatos cometidos por los grupos criminales. Imágenes de desapariciones, ejecuciones, cuerpos desmembrados, etc. son transmitidas una y otra vez con el objetivo de normalizar la violencia que se vive en el país. El miedo como política de control.
Por otro lado, el combate a los cárteles le ha dado al Estado mexicano el pretexto ideal para la militarización del país, política implementada por gobiernos anteriores del PRI y el PAN, y que había generado rechazo por parte de la sociedad civil, pero que ahora que es implementada por MORENA no ha encontrado mayor oposición. Se ha reforzado la idea de que, para poder vivir en paz y seguros, necesitamos la fuerza del Estado. Durante el sexenio de AMLO y en lo que va del actual, el ejército ha acumulado mayor poder e influencia en la vida del país.
Los cárteles, más que ser una pandilla de delincuentes, son grandes corporaciones capitalistas que funcionan bajo la lógica de la ganancia y la rentabilidad, como cualquier empresa capitalista. Estas corporaciones capitalistas se han convertido en socios comerciales del Estado, y como en toda relación comercial, existen disputas entre socios. Disputas que forman parte de una guerra por ver quien controla los recursos y la población y así generar más y mayores ganancias económicas. Llámense Carlos Slim o Joaquín Guzmán Loera, llámense López Obrador, Fox o Peña, ellos, empresarios y políticos de cualquier color forman parte de lo mismo. Ellos se benefician mientras que, como en toda guerra, los únicos que pierden somos lxs de abajo, que somos lxs que ponemos los muertxs.
Sin duda, el contexto que se vive en el territorio mexicano es sumamente complejo. El fenómeno del narcotráfico es complejo de entender y analizar, así como su relación con el Estado y los efectos producidos sobre la población por décadas de violencia. Esperamos haber podido aportar algunas ideas que sirvan de base para posteriores reflexiones.
Colectivo Editorial A Tinta Negra
